Con el objetivo de garantizar los derechos laborales de 566 jubilados, pensionados y derechohabientes del extinto Banrural en el estado de Chihuahua y de aproximadamente 15 mil en el País, el diputado local Omar Bazán presentará hoy iniciativa para que la federación incluya los montos suficientes tras la creación de la Financiera Nacional Agropecuaria, como Banca de Desarrollo.
Recordó que en el año 2003 se decretó la extinción del Sistema Banrural y las 13 sociedades de crédito que la integraban.
Para ello se promulgó la Ley Orgánica de la Financiera Rural en la que se incluyó las obligaciones que Banrural había adquirido para con sus Jubilados, Pensionados y derechohabientes.
Sin embargo, el pasado 22 de mayo el ejecutivo federal presentó iniciativa para derogar la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquera y crear en su lugar, la Financiera Nacional Agropecuaria, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
En dicha iniciativa que se discute en el Congreso de la Unión, se omite cualquier mención al FOPESIBAN como el Fideicomiso garante de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores jubilados y pensionados del Sistema Banrural.
Por lo anterior, el diputado priista presentará hoy una iniciativa con carácter de Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, para hacer un llamado al Congreso de la Unión a fin de que garantizar los derechos de los pensionados y jubilados en dicha iniciativa mientras que a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público cumpla con la obligación de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), los recursos adicionales, necesarios y suficientes para cubrir los déficit actuariales que resulten de la operación de cada ejercicio fiscal, para que así el Fideicomiso pueda cumplir con el objetivo para el que fue diseñado, de mantenerse vigente durante un período de 50 años a partir del 2003, o hasta que el último jubilado hubiese fallecido.
Esta obligación, dijo, exceptuando los tres primeros años, fue sistemáticamente incumplida por la SHCP y constituye, sin duda, la causa más relevante para que en la actualidad el Fideicomiso se encuentre en un acelerado proceso de descapitalización, donde los recursos disponibles resultan apenas suficientes, para los próximos 3 años y con ello, su vigencia sería sólo de 18 años en contraposición con los 50 previstos originalmente.
En síntesis, la supresión por omisión de los mecanismos de protección financiera previstos de origen, cancelaría la viabilidad operativa del Fideicomiso y lo situaría en un proceso ya irreversible, que culminaría en el corto plazo con su insolvencia definitiva, toda vez que, con el mismo hecho, se estaría creando un vacío jurídico y normativo, respecto de la responsabilidad, consignada todavía en la Ley, de refinanciar el FOPESIBAN en tiempo y forma.
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