Le asiste parte de la razón política al
dirigente estatal del PRI, Omar Bazán, en función de los pasos previos
realizados por el grupo gobernante en Chihuahua, cuando se opone a la
aprobación de la iniciativa de la Ley de Fiscalización.
De aprobarse
constituirá una especie de culminación del proceso seguido por el gobernador
Javier Corral para alzarse con el control de todos los poderes en Chihuahua.
Tiene razón
Bazán, en cuanto a que se fortalecerá la preeminencia del gobierno de Chihuahua,
pero no en cuanto a la bondad de las reformas realizadas a fin de contar con
los organismos y los procesos más sanos para la fiscalización de los recursos
públicos.
El pero aparece
ahí en donde lo anterior debe ponerse al arbitrio de las fuerzas políticas
existentes y peor si alguna de ellas obtiene mayoría absoluta en los órganos
legislativos, ya fuere por el triunfo en las urnas, o por la “adquisición”, en
el camino, de los grupos parlamentarios necesarios para tenerla.
Eso es lo que
ocurrió en la pasada legislatura y al parecer es lo que está ocurriendo en la
actual.
El PAN, en
aquella legislatura, logró sumar a su grupo los votos de casi todos los
partidos -con la excepción de Morena- para alcanzar la mayoría necesaria para
nombrar al Auditor Superior del Estado. Veintiséis votos alcanzó Héctor Alberto Acosta Félix para
convertirse en el titular.
Su elección era
contra el tiempo, se hizo apenas una semana antes de que terminara aquella
legislatura, y como es la marca de la casa del actual gobierno, por aquello de
las leyes hechas a propósito para que beneficien a determinado personaje, se le
concedió que tomara posesión de su cargo hasta el 1o. de diciembre del año
anterior, para que pudiera terminar un encargo federal que desempeñaba en aquel
momento.
Tal decisión
volvió totalmente explicable la prisa, ya en ese momento se sabía que en la
actual legislatura el PAN no tendría mayoría, que sería la primera minoría y
aún no tenían la seguridad de acopiar el apoyo de diputados de otros partidos
para sus fines y propuestas.
Que Morena y sus
aliados constituían una fuerza importante.
Esas reflexiones
eran las que se podían hacer a fines de agosto del año anterior, por ello, el
gobernador urgió al apresuramiento del nombramiento, urgía hacerlo para uno de
los “confiables” de Palacio.
La prisa tenía,
además, otro atractivo: De acuerdo con distintos ordenamientos, en especial el
de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, el Congreso de Chihuahua
estaba obligado a aprobar la Ley de Fiscalización, que homologara lo ya vigente
en el país, en especial dos aspectos, el de la autonomía casi total de la
dependencia, aderezado con otro, el de que la Auditoría Superior del Estado, al
igual que la de la federación, podría aplicar sanciones administrativas y dar
“vista” a la Fiscalía General para el inicio de las respectivas sanciones
penales, sin tener que pasar por la aprobación del Congreso del Estado.
Y este paso,
siendo uno de los más aplaudibles en el largo proceso de tratar de
despartidizar la fiscalización de los recursos públicos, se convierte, si cae
en manos de las inescrupulosas manos de la clase política no dispuesta a ceder
el control sobre el total del gobierno, en un más que preocupante fenómeno de
avasallamiento de la aspiración ciudadana por ocupar estos espacios, que darían
posibilidad a una mayor vigilancia societaria sobre la “cosa” pública.
No sobra
reiterarlo. El gobernador Corral sale debiendo en este sentido, luego de una
trayectoria -en la Ciudad de México- que hacía pensar en un gobierno más
orientado en aquel sentido.
El control de
Corral es prácticamente total: Congreso del Estado, Tribunal Superior de
Justicia, Instituto Chihuahuense de Transparencia y Auditoría Superior del
Estado.
Además, una ex
secretaria de su gabinete es la presidenta estatal de su partido.
La cereza en el
pastel estriba en que, de aprobarse la Ley de Fiscalización, le otorgará a la
Auditoría una gran autonomía, lo que de suyo sería extremadamente positivo, si
no fuera porque el Auditor Superior del Estado forma parte del equipo más
cercano del ex secretario de Gobierno de Francisco Barrio, Eduardo Romero, y
que en el senado trabajará de cerca con Corral.
El colmo fue que
en el panel de “especialistas” designador de la terna, de la cual emergió Acosta Félix, se
encontraba Eduardo
Romero.
De ahí la
argumentación cuestionadora del dirigente del PRI, Omar Bazán, en el sentido
que por esta ley el gobernador Corral determinará las sanciones y los posibles
sancionados, así como los exculpados de cualquier desarreglo administrativo que
pudieran realizar y la Auditoría encontrar.
Lo más
preocupante: Que el auditado -gobierno del estado- haya influido
determinantemente en la designación del auditor.
El problema para
Bazán es que recurre a rechazar la propuesta y argumenta a favor de lo que
hasta ahora se ha hecho en la fiscalización: Que la Auditoría fiscalice las
cuentas públicas y someta al Congreso del Estado la aprobación de los
resultados de las auditorías, así como las posibles sanciones en contra de los
responsables de las irregularidades encontradas, las que siempre han estado
sujetas a las negociaciones entre los grupos parlamentarios.
Una cosa
deberemos reconocerle a Corral -cosa que han hecho prácticamente todos sus
antecesores- y es que, contra los pronósticos y a pesar de cabildear
personalmente muy poco, ha logrado construir las mayorías que necesita en el
Congreso del Estado, en los momentos clave, y para las cosas que más ha
necesitado.
No sólo eso,
como no lo recuerda el teclador que haya sucedido en el pasado, las
legislaturas del sexenio de Corral son las que más se han distinguido por
aprobar reformas legislativas a modo, de acuerdo a las necesidades de alguno de
sus colaboradores, para que sean agraciados con algún cargo público.
El Auditor
Héctor Acosta no cumplía con el requisito de la residencia en el estado, no
obstante ser originario de Chihuahua, así decía la ley. Igual que en otros
casos, los legisladores aprobaron una reforma que modificaba tal impedimento
para Acosta Félix, quien había sido un antiguo colaborador de Eduardo Romero,
desde antes de que éste ocupara la Secretaría General de Gobierno con Francisco Barrio.
Acosta lo
acompañó, como su más cercano en todos los cargos ocupados en la administración
federal de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, entre los cuales se
encuentra la Secretaría de la Función Pública federal.
Puede ser un
hombre capaz y honesto, su problema, y el del grupo gobernante es que tantas
maniobras, todas en el mismo sentido, hacen dudar de la potencial probidad, no
sólo de este funcionario, sino del grupo al que pertenece y el modo en que
accede a la ASE.
De la mano de
Romero, o de Barrio, el Auditor ocupó la Coordinación de Asuntos Legislativos
de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua (Barrio era el
gobernador y Romero, Secretario); asesor del Presidente Municipal de Juárez
(¿Gustavo Elizondo o Alfredo Delgado el alcalde panista de ese
período?).
Luego sería asesor
del Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo; y coordinador de asesores del
Secretario de la Función Pública (Claro, Romero el Secretario, en tiempos de Fox). A partir de ahí
ha ocupado la titularidad de los Órganos Internos de Control de la Comisión
Federal de Competencia; Secretaría de Energía y encargado de Despacho del Órgano Interno de Control de la Comisión Reguladora de
Energía; Pemex Petroquímica; Instituto Mexicano del Seguro
Social; y Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control de la
Secretaría de la Función Pública.
De ahí podemos
colegir que experiencia y capacidad las tiene, el problema serán sus filias
políticas y sus antecedentes.
Es probable que
sus defensores argumenten que tendrá plena independencia respecto del
gobernador Corral, pero eso no guardaría correlación con lo que se ha hecho
hasta ahora en el gobierno del “amanecer”; del estudio de sus antecedentes no
se desprende una actuación imparcial o neutral en el servicio público, cosa
necesaria, indispensable, para ocupar un cargo de esa naturaleza.
Porque eso es lo
necesario, que quienes ocupen los puestos públicos encargados de la
fiscalización del ejercicio del presupuesto, de garantizar la transparencia en
los asuntos públicos, de los organismos electorales, de los de derechos humanos
y otros, necesariamente ciudadanizados, fueran ciudadanos ajenos a los partidos
políticos, de preferencia durante toda su vida.
Pero si al que
se nombra tiene como antecedentes estrictamente cargos relacionados con quienes
ahora gobiernan, flaco favor le hacen a la sociedad que dicen querer servir.
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