El día de hoy, sábado 14 de noviembre de 2020, Luis Medina -Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Jiménez, presentó ante las instancias correspondientes del Partido el acuerdo, tomado por el Comité Municipal que él preside, a través del cual solicita sea expulsado del PAN el Gobernador Javier Corral Jurado por deslealtad al partido y violaciones graves y reiteradas a los Estatutos y Códigos del Partido Acción Nacional.
Dicho
acuerdo fue tomado por unanimidad de los miembros presentes del Comité de
Jiménez en sesión del día 17 de octubre del presente año. Y se acusa que Javier
Corral a lo largo de su trayectoria política ha violentado los Estatutos del
PAN, su reglamento de militantes, el código de ética del PAN, así como el
código de ética de los funcionarios públicos panistas, el reglamento
anticorrupción del PAN, entre otros.
Las faltas que se le acusan son diversas y
sustentadas en notas periodísticas así como en publicaciones que el mismo
Javier Corral subió a sus redes sociales o entrevistas que ha concedido
principalmente a medios de comunicación nacionales. A grandes rasgos el acuerdo
del PAN Jiménez señala la falta de compromiso de Corral para con la unidad del
partido, calumniar sus propios compañeros, atacar la buena fama partidista y de
sus dirigentes, así como de gobiernos emanados del PAN, incumplir con su plataforma
electoral, violentar la libertad de expresión y de prensa, entre muchas otras
violaciones y faltas a la disciplina partidista. Y es que los casos de
violaciones son continuas y reiteradas, como ejemplo el Reglamento de Ética de
los Servidores Públicos del PAN ordena que todo servidor público debe facilitar
a los medios de comunicación el cumplimiento de su misión de informar.
Sin embargo, es conocida la denuncia de Derechos
Humanos en contra de Javier Corral a causa del hostigamiento que ha realizado
en contra de los medios de comunicación, e incluso ha vetado a periodistas y
mediante una conducta contraria a su propio código de ética como Servidor
Público panista se ha negado a contestar preguntas discriminando medios de
comunicación y periodistas. También ha sido muy difundida su acusación -sin
existir una sentencia condenatoria ni exhibir prueba fidedigna-, violando el
principio de presunción de inocencia, en contra de su compañera de partido
María Eugenia Campos Galván, al vincularla a la “nómina secreta” del
exgobernador Duarte.
Asimismo, cuando Javier Corral buscó la
dirigencia nacional del PAN, acusó de corruptos, “acuerpamiento” y contubernio
a Ricardo Anaya y Gustavo Madero, con el Presidente Peña Nieto. Sin exhibir
prueba alguna. Entre otras cuestiones, el acuerdo del PAN Jiménez reseña que no
sería la primera ocasión en que Javier Corral fuere sancionado, puesto que
anteriormente a través del Juicio de Inconformidad JI 1ª Sala 074/2012, cuando
fue anulada la elección interna del PAN a Senador en 2012, Corral fue
sancionado. Y bajo ese argumento, el artículo 121 de los Estatutos del PAN
señala que la sanción debe ser mayor a una simple amonestación. Es decir,
suspenderle sus derechos partidistas por 3 años en los cuales no podría ser
candidato del PAN a ningún puesto ni cargo de elección, o en su caso, en caso
de considerar graves las faltas lo procedente sería declarar su expulsión.
Finalmente, dicho acuerdo del PAN Jiménez exhibe
la “doble vara” con la que mide el Gobernador Corral, puesto que cuando tachó
de fracazado al gobierno del Presidente Calderón; desdeñó al Partido a nivel
nacional señalando que no es oposición Peña Nieto ni a AMLO; o critica las
listas de Senadores Plurinominales amenazando con romper las alianzas del
Partido a nivel nacional. Javier Corral, desdeña las vías institucionales del
partido y declara ampliamente ante medios de comunicación sus diferencias con
el partido, sin importar el daño que le pudiera generar, y afirma que su actuar
está normado por la consciencia y ejerciendo su derecho a la Libertad de
Expresión. Sin embargo, cuando el dirigente panista de Jiménez, Luis Medina
Alvídrez, ha señalado fallas de su gobierno como la falta de esclarecimiento
del asesinato de la periodista Miroslava Breach, o la falta de inclusión de
panistas en el Gobierno del Estado, se emprendió una persecución política en su
contra que busca suspender sus derechos partidistas como dirigente municipal, y
como Consejero Estatal del PAN, buscando negarle la posibilidad de participar
en elecciones durante los próximos 3 años, como castigo ante su “exceso” de
Libertad de Expresión.
En cuanto a Rocío Reza, se le acusa además de
haber sido beneficiada con recursos humanos y materiales de la administración
del Gobernador Corral para efectos de conseguir las firmas para su registro
como candidata a Dirigente Estatal, y posteriormente utilizar dichos recursos
para imponerla en el cargo. Asimismo, se exhiben las actas en las que se
acredita que Rocío Reza como dirigente del PAN Estatal designó como miembros
del anterior Comité Municipal de Jiménez a personas que no son militantes
panistas y cuyo mérito es ser funcionarios del Gobierno Estatal (la recaudadora
de Jiménez y el Tesorero de la JMAS Jiménez). Situación que es violatoria a los
Estatutos del PAN, puesto que estos exigen que los comités directivos deben ser
integrados por militantes panistas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario